Mujeres campesinas, pobres y quechua hablantes de la provincia peruana de Anta, víctimas del programa de esterilización compulsiva de Alberto Fujimori entre 1996 y 2000, vuelven a buscar la esquiva justicia con una nueva demanda contra los responsables del plan. El 26 de mayo de 2009, el fiscal a cargo de Derechos Humanos, Jaime Schwartz,
archivó un caso contra cuatro ex ministros de Salud del régimen de Fujimori (1990-2000) con el alegato de que las imputaciones habían prescrito, al considerar que los posibles delitos eran contra la vida, el cuerpo y la salud, y de homicidio culposo.
La parte acusadora, en cambio, había pedido juzgar a los acusados por un delito de genocidio y tortura. El Ministerio Público (fiscalía) ratificó le decisión de Schwartz, pese a la queja interpuesta por las víctimas y las organizaciones humanitarias que las asesoran legalmente. Ahora, la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Anta, una provincia andina del sureño departamento de Cusco, ha decidido poner nuevo cerco a la impunidad y presentar una nueva demanda, con una estrategia diferente, contra los responsables de la política de planificación familiar del último cuatrienio de Fujimori.
La asociación congrega a un centenar de campesinas que documentaron con sus testimonios lo que se escondió tras el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que impuso a la fuerza y con engaños el ex mandatario mientras
lo presentaba como un plan contra la pobreza. “Recuerdo perfectamente el día que me esterilizaron contra mi voluntad porque lo que me hicieron me hace sufrir hasta el día de hoy”, cuenta a IPS Sabina Huilca. “Ese día fue el 24 de agosto de 1996″, dice intentando parecer neutra.
Ella va a ser una de las víctimas que testificará ante las autoridades para que los autores y ejecutores del programa sean sancionados.”Después de haber dado a luz a mi cuarta hija, me fui al centro de salud de Izcuchaca donde, luego de recibir la atención del médico, me dijo que ya no tuviera más hijos y que me hiciera el AQV (anticoncepción quirúrgica voluntaria)”. “Le dije que no. Tonta, me decía, vas a tener más hijos y no podrías criarlos”, le insistió, y mientras reposaba en una cama, una enfermera le aplicó una inyección “que no sabía ni me dijeron que era anestesia”.
“Cuando desperté tenía los pies y las manos atadas con vendas en la cama. Estaba inmovilizada.
Pude ver que me estaban cosiendo los últimos puntos. ¡Qué me han hecho!”, grité. “Ya vamos a terminar, me dijo el médico. Y me puse a llorar. ¡Yo no quiero, yo no quiero!, grité desesperada. Pero el daño ya estaba hecho”, narra Huillca, que entonces tenía 28 años y ahora 41.
“Nada personal”, un reporte realizado por la abogada Giulia Tamayo, por encargo de la sección peruana del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), desveló en 1998 lo compulsivo del plan. La investigación documentó por primera vez la sistemática y progresiva práctica de esterilización que
afectaba especialmente a mujeres pobres, indígenas y campesinas. Las revelaciones provocaron amenazas del gobierno contra Tamayo, que debió abandonar el país y residenciarse en España, de donde ha llegado ahora para asesorar a la asociación de Anta en la nueva demanda.
El propio Estado reconoció que bajo el plan
se realizaron 300.000 esterilizaciones, de las cuales la Defensoría del Pueblo documentó con base en denuncias 2.074 casos forzados. “Las estructuras de poder que protegieron a los autores de los hechos criminales siguen vigentes y en consecuencia eso les garantiza impunidad hasta el día de hoy, lo que implica una continuidad de la vulneración de los derechos de las mujeres afectadas por las esterilizaciones masivas y compulsivas”, explica Tamayo a IPS.
En 2003, el Estado peruano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suscribieron un acuerdo amistoso sobre el caso de la campesina Mamérita Mestanza, fallecida en 1998 tras practicarle una esterilización no consentida. El Estado aceptó su responsabilidad, reconoció los abusos perpetrados en la ejecución del programa de planificación familiar y
se comprometió a investigar y sancionar a los responsables, además de de medidas de reparación para la familia de Mestanza.
Pero el Ministerio Público dio largas a la investigación hasta su archivo definitivo en 2009. Eso permitió, por ejemplo, que uno de los acusados, Alejandro Aguinaga, ex ministro de Salud y médico personal de Fujimori, fuese electo como legislador del unicameral Congreso nacional en 2006, y desde julio sea su vicepresidente. Fujimori cumple actualmente penas de hasta 25 años, por varias condenas por delitos de corrupción y de violaciones a los derechos humanos.
El incumplimiento de la solución amistosa por el Estado “prolonga el dolor de miles de mujeres afectadas, porque los acusados continúan con sus actividades como personas respetables cuando en realidad deben responder ante la justicia”, afirma Tamayo, que es también investigadora de la sección española de Amnistía Internacional. “Esta vez se demandará individualmente a los autores de los hechos por delitos de lesa humanidad y tortura”, explica.
La demanda a cada presunto responsable del plan también será “por crímenes de guerra porque
la esterilización compulsiva se impuso en el contexto de la guerra interna (1980-2000), recurriendo a las Fuerzas Armadas para imponer la amenaza y el miedo”, afirma la abogada. La tipificación de crímenes internacionales permitirá que “otro país pueda aplicar justicia, en el caso de que los acusados sigan recibiendo la protección del Estado”. “La CIDH ya ha señalado la responsabilidad internacional por la esterilización forzada”, dice la activista humanitaria.
Explica que la demanda la presentan las víctimas de Anta, porque allí “la esterilización se produjo casa por casa,
las autoridades de Salud de la zona fueron obligadas a cumplir con ‘cuotas’ de mujeres intervenidas y las afectadas pertenecían a una misma comunidad indígena”. Eso significa, dijo Tamayo, “que quienes diseñaron este programa definieron su objetivo con abominable precisión”. Una de las primeras en abanderar la lucha contra las esterilizaciones forzadas y por justicia fue la ahora famosa legisladora quechua hablante Hilaria Supa, originaria de Anta y una de cuyas hijas es víctima del programa.
“Desde que me operaron hasta el día de hoy sigo sufriendo por lo que me hicieron a la fuerza”, relata Huillca, residente de la comunidad campesina de Huayllaccocha, donde se registraron varios casos similares. “Dañaron mi condición de mujer. Desde entonces no pude cargar a mis hijos que eran pequeños, tampoco puedo realizar labores de campo, que es de lo que vivimos, y mucho menos estoy en condiciones de cocinar porque me vienen dolores horribles”, detalla al contar consecuencias poco conocidas de lo que soportan las víctimas. “Tengo dificultades para caminar, mi vida es un sufrimiento. Además, en la comunidad me tratan como una disminuida, porque en el pueblo una mujer que no trabaja se ve muy mal”, relata sin poder ocultar la tristeza en que vive.
“Lo peor de todo que uno de los médicos que me hizo daño para toda la vida
sigue trabajando en la misma posta médica (ambulatorio) de Izcuchaca“, continuó. “Cada vez que lo veo, me lleno de cólera porque a él no le sucede nada”.
