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Padres desesperados llegan a las fiscalías gallegas pidiendo ayuda tras haber perdido el control sobre sus hijos.
Por María Cedrón redacción/la voz. 18/7/2010
Una madre de A Coruña se presentó en marzo del 2009 en la Fiscalía de Menores suplicando a la Administración que se hiciera cargo de su hijo adolescente. Estaba desesperada. No podía controlarlo. Temía que algún día le ocurriera algo al chico o a otra persona que pasara por la calle. Días después, otra pareja gallega hacía público un caso parecido.
Hasta la Fiscalía General del Estado ha advertido ya del notable aumento de menores que insultan y vejan a sus progenitores, un fenómeno que los expertos en la materia llaman el síndrome del emperador. Desde entonces, el goteo de padres que llegan a las fiscalías de menores pidiendo ayuda para enfrentarse a unos hijos tiranos continúa en Galicia.
La mayor parte de los casos no acaban en denuncia y otros son archivados tras ser aplicadas una serie de medidas cautelares. Con todo, entre el 2005 y junio de este año, según los datos que maneja la Secretaría Xeral de Traballo e Benestar, fueron cerca de trescientos los menores de entre catorce y dieciocho años condenados por ejercer algún tipo de maltrato en el ámbito familiar.
Internamiento
Uno de los últimos casos hechos públicos en la comunidad fue el de una menor de Verín de 17 años que, por orden de la Fiscalía de Menores de Ourense, fue enviada en mayo al centro de Montealegre al haber sospechas de que había agredido a su abuela, con la que vivía. Aunque la joven ingresó en el centro como medida preventiva, entre los menores que ya fueron juzgados, un 30% de los que acabaron condenados en el último lustro tuvieron que cumplir una pena de internamiento en algún centro.
El otro 70% restante, añaden las mismas fuentes de la Xunta, debieron acatar medidas de libertad vigilada con compromiso de ir a algún centro de día o participar en un programa de reeducación y control de la violencia.
Tanto en un caso como en otro, apuntan desde Benestar, «a intervención que se realiza dende os centros de internamento ou dende os equipos de medio aberto está centrada non só no traballo co menor, senón tamén na implicación da familia como eixo fundamental do proceso de reeducación». Porque la finalidad, apuntan, gira en torno a «reconstruír, en moitos casos construír, lazos de unión e entendemento entre os membros do núcleo familiar».
Pero el fiscal de Menores de A Coruña, Carlos Mariscal, va más allá y puntualiza que es un tema complicado. Explica que muchos menores que presentan conductas como estas acostumbran a sufrir otro tipo de trastornos que les llevan a comportarse violentamente. «Algunos -comenta- tienen que tomar una medicación. No lo hacen y eso acaba influyendo».
Eso es algo que corrobora la psicoanalista y experta en psicología clínica Alicia Arce. La experiencia de haber tratado a algunos pacientes con el problema le vale ahora para comentar que, en la mayoría de los casos, cuando un menor es violento con sus progenitores, es porque hay detrás algún tipo de patología.
Esa es la razón por la que, como explica el fiscal de A Coruña, una de las primeras medidas correctoras que ofrecen los equipos técnicos que trabajan en su departamento es aplicar un tratamiento terapéutico previo. Hay veces en las que también se da una supuesta adicción a drogas.
Extremo
Pero no todos los padres que se acercan a la Fiscalía de Menores para pedir ayuda lo hacen para denunciar. «El que llega a ese extremo es después de haber estado soportando una conducta violenta reiterada, no es a la primera», apunta el fiscal. El procedimiento inicial es poner en marcha una mediación extrajudicial.
La mayor parte de los casos no acaban en denuncia y otros son archivados tras ser aplicadas una serie de medidas cautelares. Con todo, entre el 2005 y junio de este año, según los datos que maneja la Secretaría Xeral de Traballo e Benestar, fueron cerca de trescientos los menores de entre catorce y dieciocho años condenados por ejercer algún tipo de maltrato en el ámbito familiar.
Internamiento
Uno de los últimos casos hechos públicos en la comunidad fue el de una menor de Verín de 17 años que, por orden de la Fiscalía de Menores de Ourense, fue enviada en mayo al centro de Montealegre al haber sospechas de que había agredido a su abuela, con la que vivía. Aunque la joven ingresó en el centro como medida preventiva, entre los menores que ya fueron juzgados, un 30% de los que acabaron condenados en el último lustro tuvieron que cumplir una pena de internamiento en algún centro.
El otro 70% restante, añaden las mismas fuentes de la Xunta, debieron acatar medidas de libertad vigilada con compromiso de ir a algún centro de día o participar en un programa de reeducación y control de la violencia.
Tanto en un caso como en otro, apuntan desde Benestar, «a intervención que se realiza dende os centros de internamento ou dende os equipos de medio aberto está centrada non só no traballo co menor, senón tamén na implicación da familia como eixo fundamental do proceso de reeducación». Porque la finalidad, apuntan, gira en torno a «reconstruír, en moitos casos construír, lazos de unión e entendemento entre os membros do núcleo familiar».
Pero el fiscal de Menores de A Coruña, Carlos Mariscal, va más allá y puntualiza que es un tema complicado. Explica que muchos menores que presentan conductas como estas acostumbran a sufrir otro tipo de trastornos que les llevan a comportarse violentamente. «Algunos -comenta- tienen que tomar una medicación. No lo hacen y eso acaba influyendo».
Eso es algo que corrobora la psicoanalista y experta en psicología clínica Alicia Arce. La experiencia de haber tratado a algunos pacientes con el problema le vale ahora para comentar que, en la mayoría de los casos, cuando un menor es violento con sus progenitores, es porque hay detrás algún tipo de patología.
Esa es la razón por la que, como explica el fiscal de A Coruña, una de las primeras medidas correctoras que ofrecen los equipos técnicos que trabajan en su departamento es aplicar un tratamiento terapéutico previo. Hay veces en las que también se da una supuesta adicción a drogas.
Extremo
Pero no todos los padres que se acercan a la Fiscalía de Menores para pedir ayuda lo hacen para denunciar. «El que llega a ese extremo es después de haber estado soportando una conducta violenta reiterada, no es a la primera», apunta el fiscal. El procedimiento inicial es poner en marcha una mediación extrajudicial.
Una medida que, a veces, puede ir acompañada también con una intervención de los equipos de orientación de la Xunta que cuentan con un programa específico. Lo habitual es que esta primera parte del proceso vaya prolongándose durante unos tres meses. Al finalizar, en caso de que la actitud mude, el proceso abierto puede archivarse.
