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lunes 31 de agosto de 2009

La revolución del Sari Rosa

Un grupo de mujeres enjutas y con la piel curtida envueltas en saris de colores se sientan a los pies de Sampat Pal y, tras escuchar su airado discurso, se suman a las filas de Gulabi Gang la Banda Rosa. Bajo un calor abrasador de un mediodía de agosto, Sampat les enseña a defenderse con el lathi, el palo de bambú que lleva la policía en India y gritar "el funcionario bueno es nuestro hermano, pero para el malo tenemos nuestro lathi rosa".

Hace tres años la antigua vendedora de té Sampat Pal, una mujer de casta baja a quien le cuesta leer o escribir, decidió reunir a un grupo de mujeres hartas de sufrir abusos, vestirlas de rosa y, de este modo, tomar la justicia por su mano en una región marcada por la violencia entre castas, la pobreza extrema, el bandolerismo y la corrupción.

La Banda Rosa se ha convertido en un ejército de 100.000 mujeres con el lema "una para todas y todas para una". Han evitado matrimonios infantiles, han obligado a la policía a registrar casos de violación, a los funcionarios a entregar ayudas y pensiones sin sobornos y a que los maridos no den palizas a sus esposas.

Su acción más espectacular fue el secuestro de camiones con comida para los más pobres que unos funcionarios iban a vender en el mercado.

"Me considero valiente y quería transmitir a otras mujeres mi valentía", expresa la jefa. Casada a los 12 con un joven diez años mayor, Sampat tuvo que pelear con sus padres por ir al colegio, con sus suegros por que el velo no le cubriera la cara y con su marido por salir de casa.

Sushama ha viajado una hora en autobús hasta llegar al cuartel general de la organización en Atarra. Muestra sus muslos amoratados: su marido la ha azotado con un palo por salir a la calle. Ya lo denunció anteriormente y no ocurrió nada, así que Gulabi Gang es su último recurso.

Sampat y Jay Prakash, un trabajador social que cree en el proyecto de la banda, convencen a un médico de que firme el informe de malos tratos y después presionarán al marido.

"Nuestra sociedad está dominada por los hombres. Las mujeres debemos recibir educación y también trabajo. Eso solucionaría todos nuestros problemas", afirma Sampat, mezcla de cacique rural y Robin Hood femenina. En Atarra todos temen y respetan por igual a esta mujer.

Equipo de Investigación.
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miércoles 26 de agosto de 2009

Aumentan las víctimas de violencia machista que retiran la denuncia

El 44% de los casos en los que la acusación no sigue adelante es porque la mujer se arrepiente El ministerio público y el CGPJ piden cambiar la ley para evitarlo. "No ves nada porque estás enamorada. Pierdes la autoestima. Los psicólogos me decían que era un maltrato de libro, pero él prometió desaparecer de mi vida si retiraba la denuncia. Accedí y fue una sabia decisión". Rosa padeció un intenso maltrato psicológico por parte de su pareja y, finalmente, le denunció. Pero tras un año de hostigamiento, retiró la denuncia y su marido la dejó en paz. Sin embargo, la arriesgada apuesta no siempre sale bien a la denunciante. En ocasiones, el miedo aterrador que obliga a las víctimas a retirar la denuncia acaba con su vida. A principios de año falleció apuñalada Cristina M. R., de 29 años. "Le quitó dos denuncias y le dio otra oportunidad porque le quería mucho", lamentó entonces su hermana Francisca. El fiscal retiró la acusación por violencia de género durante el juicio en 216 casos el año pasado, y en el 44% de ellos la víctima se negó a ratificar su denuncia. En 2007 fueron el 37%. La clave reside en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exime a los testigos de declarar contra parientes cercanos. La Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) son partidarios de modificarlo, mientras que muchos abogados y jueces se oponen porque obligaría a la víctima a ir contra su voluntad y en ocasiones mentiría para proteger a su pareja. "¿Y lo siguiente qué será? ¿Perseguir a la mujer por falso testimonio? Eliminar el 416 es absurdo", subraya un magistrado. El Gobierno ya intentó en 2007 la reforma del artículo 416, pero no recabó en el Senado los apoyos necesarios. Ahora, para replanteárselo está a la espera de las conclusiones de un informe sobre la Ley Integral. Pero que la víctima retire la denuncia al comienzo de la instrucción no implica que su caso se paralice, y la fiscalía debe perseguir el delito si cuenta con pruebas y testigos para llegar a juicio. En los últimos dos años se presentaron 268.418 denuncias, pero 28.800 mujeres claudicaron. Y el alza de renuncias es continua. Si 2007 arrancó con un 9, 34%, 2009 se inició con un 11,6%, según datos del CGPJ. Mientras, ha subido siete puntos de 2007 a 2008 (del 37% al 44%) el porcentaje de casos en que el fiscal retiró la acusación durante el juicio oral por desistimiento de la víctima. "Y seguirá creciendo. El maltrato es un problema muy complejo y es muy difícil que la mujer persista", subraya la fiscal Anabel Vargas, adjunta a la fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer. En el enésimo caso, la pasada primavera, la Fiscalía de Sevilla pidió 14 años de prisión para un agresor sexual, acusado asimismo de secuestro, y finalmente resultó absuelto tras negarse la víctima a declarar en su contra. "Le denuncié por despecho", alegó cegada ante el tribunal. Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio de Violencia de Género del CGPJ, aboga por modificar el artículo 416 y encontrar un eureka que no perjudique a la mujer denunciante. "Ahora ofrece un mecanismo para que la mujer se lo vuelva a pensar y provoca el efecto contrario: los asuntos regresan al ámbito privado", reflexiona. Otro magistrado experto en el tema, discrepa: "El Estado le pide a la mujer que se sacrifique por el bien general para acabar con el machismo... ¿Es conveniente arrastrar a esa persona en contra de su voluntad? A menudo, la mujer te explica que prefiere que trabaje y pague la pensión antes de que vaya a la cárcel. ¿Se puede lograr que una mujer sea digna, o es una cuestión personal?". En los últimos años, el acoso a la víctima se multiplica y muta ante el combate de las Administraciones. Los expertos han detectado cómo la familia del maltratador se implica en presionar a la mujer para que retire la denuncia. "El padre, la madre, la hermana de su ex pareja insultan, amenazan o acosan a la víctima", describe Amparo Díaz, abogada especializada en violencia de género. "Del centenar de casos que he tratado en tres años, el 26% había retirado la denuncia previamente. Porque sentían que la situación había empeorado, por el acoso de los familiares y amigos de su ex pareja y porque se produjo una pacificación temporal que finalmente empeoró", ilustra Díaz. El agresor usa incluso a los hijos para chantajear a la víctima. Estrella Rojas, psicóloga clínica, lo explica: "Los hijos sueltan frases del tipo '¿Cómo se te ocurre meter a mi padre en la cárcel?' Si él no amenazara, ella seguiría siempre adelante... ¡Ésa es la clave!". Las razones para la retirada son múltiples. Ésta ocurre a diario en los juicios. "No se retractan, sencillamente no hablan. Tienes una sensación de circo y pérdida de tiempo porque se ha trabajado mucho. Ya tenemos hasta un modelo de sentencia para cuando ocurre...", explica la juez María Ángeles Sáez, que presencia impotente el silencio de las víctimas en sus juicios. Una fiscal critica que "antes de la vista oral la acusación particular debería ponerse en contacto con la fiscalía". Así, el Ministerio Público sabría que no contará con el testimonio de la víctima y podría modificar su estrategia y el agresor podría ser condenado. Para combatir esta lacra los expertos apelan a la concienciación y así evitar la política represora del derecho penal.


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lunes 24 de agosto de 2009

Afganistán se olvida de las mujeres


Tras ocho años de intervención internacional, la discriminación de las afganas es similar.

Las mujeres afganas son víctimas de una mentalidad medieval. No existen leyes ni justicia, sólo tradición y la voluntad inapelable de unos hombres embrutecidos por 30 años de guerras que se amparan en el nombre de Dios para ejercer la violencia. En muchas zonas rurales se rapa el pelo a los niños durante la celebración de las bodas con la esperanza de que su fealdad les salve de una violación, a menudo por parte de un familiar. Ocho de cada 10 mujeres sufren violencia doméstica y un 60% es obligada a contraer matrimonio antes de cumplir 18 años, según datos de Naciones Unidas y de la Asociación Revolucionaria de las Mujeres de Afganistán. El presidente Hamid Karzai, financiado por la comunidad internacional -incluida España-, aprueba leyes que permiten a los maridos chiíes castigar a sus esposas sin comida si éstas no les complacen sexualmente.

"El burka no es el problema si es ella quien decide libremente llevarlo", afirma Fatana Ishaq Gailani, premio Príncipe de Asturias de la Concordia de 1998 y presidenta de una ONG que defiende sus derechos. "El gran problema de las mujeres afganas es el trato inhumano que reciben. Nadie las protege de la violencia. Ni el Gobierno ni la comunidad internacional han hecho nada en ocho años por cambiar la situación. Es imposible condenar a nadie por violación; los jueces liberan a los acusados tras el pago de un soborno. La mujer afgana apenas tiene acceso a la educación y en las zonas rurales vive en condiciones de extrema pobreza".

Faima tiene 23 años, es de Kabul y afortunada: pudo terminar la enseñaza secundaria, algo vedado al 95% de las niñas que inician la escuela. Aguarda su turno en una sala del centro ortopédico que el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene en la capital desde 1988. Es por su hijo Rahnan, con una malformación en el pie. "No me gusta el burka. Me siento en una cárcel y debajo hace mucho calor. El hiyab es la prenda que exige mi religión y es la que llevo sobre la cabeza. Mucha gente piensa así en Kabul, pero sé que en las provincias es diferente. Allí, muchas mujeres tienen que llevar el burka por fuerza".

Salima es una de ellas. Procede de la norteña provincia de Takhan y lleva el burka levantado sobre la frente. Al principio se niega a conversar. Dice que necesita el permiso de su marido. Con la ayuda de una de las fisioterapeutas accede cubriéndose la boca con los pliegues: "Nadie me obliga a llevarlo. Debajo de él me siento más segura. No me gusta que los hombres me miren en la calle".

Malalai Joya tiene 35 años y es una de las 64 diputadas del Parlamento, pero no puede acudir a su escaño porque fue expulsada pese a que la ley no contempla esa posibilidad. Está amenazada de muerte y vive en la clandestinidad. En su caso, el burka es un seguro de vida. "La mayoría de nuestros políticos y parlamentarios son unos narcotraficantes y criminales de guerra que deberían ser detenidos y llevados ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya", explica en uno de sus refugios. Opiniones como ésta, que expresó en la Loya Jirga (Gran Asamblea) en 2003, le han colocado en la mira de demasiadas armas.

"La situación de la mujer en Afganistán es un infierno", prosigue. "Muchas optan por el suicidio para escapar de la violación legalizada en la que se han convertido muchos matrimonios. No pueden salir sin permiso de sus maridos. Tampoco educarse. Vivo en un país de misóginos que temen a la otra mitad. Dicen que somos el 25% de los diputados, pero es mentira: las mujeres apenas pueden hablar en el Parlamento, son insultadas y atacadas. A mí, por ejemplo, me intentaron violar. Las cosas no han cambiado desde que se fueron los talibanes y el país fue ocupado por tropas extranjeras". Malalai maneja papeles y muestra fotografías; es una mujer entregada a una causa. "Sé que un día me matarán. Ya lo han intentado cinco veces, pero no me voy a rendir", dice.

Sdika tiene 12 años. Se levanta a las seis de la mañana. Una hora después entra en el colegio pero a las diez debe regresar a su casa para ayudar y hacer la comida. Le gustaría ser pintora. Dibuja jardines y casas grandes. Deben ser sus sueños desde un Kabul envuelto en una neblina de polvo y arena que daña los ojos. Dice que no le gusta el burka. "No me lo pondré hasta que me case. Después dependerá de lo que decida mi marido".

La diputada Fawzeja Kofi se queja de que los candidatos a la presidencia no han dedicado su atención a los problemas de la mujer. También cree que el burka no es el problema, sino la representación del problema. Confía en que los jóvenes y las nuevas tecnologías rompan el cerco. "Poco ha cambiado la calidad de vida de las mujeres desde la salida de los talibanes. Aquí se mata a la mujer por ser mujer. Sólo en Kabul hay 60.000 viudas que deben llevar el peso de la casa y que carecen de derechos. La única vía es la educación, que el 85% de mujeres analfabetas aprenda a leer y a exigir sus derechos. Tenemos un Gobierno corrupto que lo único que ha hecho es legalizar la tradición. Vivimos en una cultura de la impunidad que nada tiene que ver con la sharia [ley islámica]".


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jueves 20 de agosto de 2009

Las burlas sobre el nombre, la forma más común de 'bullying'


Un insulto por tener unos kilos de más, un mote ofensivo por llevar gafas, o difundir rumores maliciosos son sólo algunos de los agravios que sufren las víctimas de 'bullying' o acoso escolar. Un 47% de los niños afirma padecerlo a menudo, y un 37% haberlo practicado contra otras personas.

Son datos que aparecen en un estudio neozelandés publicado en 'Journal of Adolescence', donde se detallan las formas más comunes de acoso.

1.-Así, en un 29% de los casos se ridiculiza el nombre de pila o se hace burla de ello. 2.-La propagación de falsos rumores es la segunda manera más común. 3.-La exclusión, y el maltrato psicológico, algo que se da sobre todo en chicos. 4.-Además, el envío de mensajes a través de móvil ofensivos e intimidantes es cada vez mayor.

El trabajo se ha realizado con 1.169 estudiantes en 20 de las 27 escuelas de secundaria de la región de Otago, en Nueva Zelanda. Otro de los datos que arroja el estudio es que los chicos suelen sufrir más acoso que las chicas. Un 50% de ellos afirma haberse sentido intimidado o agredido a veces o a menudo durante el último año escolar. El porcentaje es algo más bajo en ellas, con un 45%.
A pesar de que en estudios anteriores se afirmaba que las secuelas eran más severas, este nuevo trabajo revela que las víctimas que sufren 'bullying' electrónico -aquel que se practica a través de Internet o mediante los mensajes de móvil- sufren las mismas consecuencias que aquellas que soportan el acoso "tradicional".

En cuanto al perfil de la víctima, se puede hablar de dos tipos: activa y pasiva. Tienen en común que viven una situación social de aislamiento y se encuentran en una posición de inferioridad respecto de sus acosadores.

La víctima activa (aquella que reacciona y se subleva ante el abuso), además, sufre problemas de concentración, tiene una tendencia excesiva e impulsiva a actuar, una marcada impopularidad dentro del grupo y tendencia a reaccionar con conductas irritantes sin importarle el lugar donde se encuentre.

Todo lo contrario le sucede a las víctimas pasivas, que se sienten indefensas, tienen una baja autoestima, ansiedad, inseguridad, dificultad de comunicación, y una vulnerabilidad que les provoca temor ante la violencia.

Los jóvenes que realizan 'bullying' a sus compañeros suelen tender a abusar de la fuerza, acusan falta de empatía y dificultad para ponerse en la piel del otro, identifican el modelo social basado en el dominio y la sumisión y buscan el protagonismo humillando e imponiendo su autoridad a otros niños. Además, son impulsivos, no toleran la frustración, tienen escasas habilidades sociales, no respetan las normas y tienen una relación especialmente difícil con los padres o profesores, que representan para ellos la autoridad.

Todo ello, desemboca en unas consecuencias que acaban repercutiendo de manera notable en la víctima: una perdida de confianza tanto en sí mismo como en los demás y un rechazo al contexto en el que se sufre la violencia (generalmente los centros educativos, con lo que también se perjudica el rendimiento académico del alumno). Todo ello puede desembocar en conductas destructivas.

El 'bullying' es un proceso que se caracteriza por no ser un acontecimiento aislado, sino que se repite y prolonga en el tiempo (en el estudio de 'Journal of Adolescence' todas las víctimas afirman haberlo sufrido frecuentemente o a veces, nunca como algo excepcional). Suele mantenerse debido a la pasividad e ignorancia de las personas que rodean al agresor y la víctima.

Algunas de las medidas a tomar para disminuir en lo posible este fenómeno pasan por fomentar, tanto en casa como en la escuela, unos modelos de comportamiento entre iguales basados en la tolerancia y el respeto; y establecer unos modelos sociales positivos y solidarios.


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miércoles 19 de agosto de 2009

martes 18 de agosto de 2009

Críticas a la nueva ley dedicada a la mujer chií

Una nueva ley permite a los hombres de etnia hazara dejar sin alimentos a la esposa que rehúse satisfacer sus deseos.

Al presidente de Afganistán, Hamid Karzai, financiado por la comunidad internacional que combate al integrismo talibán, le llueven críticas por la nueva ley dedicada a la mujer chií, que fue publicada el domingo. El texto permitirá a los maridos de la etnia hazara que profesan esa confesión (el 9% de los afganos) castigar sin alimentos a sus esposas si éstas les niegan el tamkeen, el derecho a la satisfacción de las necesidades sexuales.

En uno de los barrios hazaras de Kabul varios hombres sesteaban ayer sobre un carromato. El taxista Hatezoulá asegura que no ha oído hablar de la ley. "Trabajo de cuatro de la mañana a 11 de la noche. No tengo tiempo para saber". Cuando se le explican algunos contenidos de una ley cuya tramitación y aprobación ha sido semiclandestina, afirma: "La mujer debe pedir permiso al marido para salir de casa. Lo dicta la ley islámica". ¿Y el marido no pide permiso a la mujer? Sorprendido estalla en una carcajada: "No, el marido es libre". A su lado, Zahin dice que jamás castigaría a su esposa sin comida porque ella le negara el derecho al sexo. "Hay muchas maneras de lograrlo", dice guiñando un ojo. Debe saber de lo que habla pues tiene 10 hijos.

En el centro de rehabilitación del Comité Internacional de la Cruz Roja, donde se atiende a amputados de guerra y a personas con problemas locomotrices, sólo Zaba, que trabaja allí, se aviene a conversar. "No he oído nada de esa ley porque no tengo televisión. No tengo problemas para salir a trabajar; soy la única que tiene empleo. Las mujeres chiíes somos libres. Vivimos en un país que pertenece al islam y las cosas son de esta manera".

En la mezquita de Janal-mina, el mulá Mohakik Zada recibe al periodista en la biblioteca. Tiene entre sus manos un libro modesto de tapas blancas que contiene la polémica ley. Se convirtió en el líder espiritual del barrio hace ocho años, tras la expulsión de los talibanes. Sostiene que el verdadero islam está en el centro y no en los extremos. Preguntado por los aspectos más polémicos de la ley, explica que ésta es una norma destinada a proteger a la mujer chií. "Le otorga muchos derechos. Sólo el tamkeen beneficia al hombre, pero es falso que la ley permita castigar a la esposa sin comer. (...) La prohibición de salir de casa sin permiso está en el Código Civil. No es algo nuevo. La norma representa una mejora porque la mujer podrá salir sin permiso en caso urgente, como una enfermedad".

Junto al mulá se sientan tres estudiantes coránicos que asienten a sus palabras como si fueran un oráculo. Mohamed Mohaqqeq habla un inglés perfecto: "La mujer puede imponer todas las condiciones que desee antes del matrimonio: que no se le exija ese permiso para salir, no llevar el burka o cuestiones de divorcio. La ley les ampara. Lo que sucede es que casi ninguna conoce la ley ni sus derechos". El mulá añade: "El hombre se compromete a mantener a la mujer en todo desde el momento que ésta sale de casa de su padre, y es lógico que tenga el derecho de permitirle o no salir a la calle".

Aunque Mohakik Zada insiste en que la ley no incluye el castigo sin alimentos, no es capaz de encontrar el artículo para leer textualmente. Afirma que el Corán regula la obediencia de la mujer en el tamkeen y establece cuál debe ser la graduación del enfado del esposo. "Primero, dejar de hablarle; después, separar las camas; tercero, darle un aviso, y sólo en último lugar está permitido golpear suavemente sin causar heridas". El mulá sostiene que la ley mejora la situación porque permite que la mujer se niegue en caso de menstruación o dolencia, y acusa a la prensa extranjera de sacar este asunto de contexto. "Ocurre en Irak, en Irán y en Siria, ¿por qué tanto ruido con Afganistán?".


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viernes 14 de agosto de 2009

El maltrato amenaza a las viudas ancianas

El Teléfono de Atención a las Personas Mayores de Andalucía –900 858 381– recibió 621 denuncias por casos de presuntos malos tratos a estas personas durante el primer semestre del año, principalmente por casos de abandono y negligencia en el cuidado. El perfil medio de la persona mayor en riesgo de maltrato resulta ser el de una mujer viuda, con unos 75 años, que padece alguna enfermedad crónica o demencia, que depende de quien le cuida y que, en la mayoría de los casos, sufre aislamiento social. En cuanto a la presunta persona maltratadora, su perfil más habitual es el de un familiar del mayor, que depende económicamente de la víctima, tiene antecedentes de violencia doméstica y puede sufrir alguna drogodependencia.

El teléfono gratuito, gestionado por la Consejería de Igualdad, recibió en total 2.806 llamadas durante en los seis primeros meses del año, de las cuales 621 denunciaban casos de presuntos malos tratos a mayores. El 60,6% de las denuncias fueron anónimas, un 17,6% eran familiares de la víctima, un 14% las propias personas mayores y el 7,7% restante personas que no tenían parentesco con las víctimas. Por género, el 65,7% de todas las llamadas provenían de mujeres.

La mayoría de las denuncias, 333, se debieron a una negligencia o abandono de la persona mayor. Les siguen los malos tratos psicológicos, alcanzando los 119 casos;los malos tratos físicos, con 104 denuncias, y otras tipologías, como la utilización no autorizada o ilegal de fondos, propiedades o recursos de la persona mayor, con 27 casos.

Por provincias, los datos reflejan que Sevilla es la provincia que más denuncias registró con 245 casos, lo que supone el 39,5%, seguida de Málaga con 95 casos (15,3%); Córdoba registró 75 denuncias (12,1%); 63 llamadas en Cádiz (el 10,1%); el 8,9% en Granada con 55 casos; Jaén el 6,1% y 38 casos; Huelva registró el 4,3% por 27 denuncias; y por último, Almería con 23 denuncias, alcanzando el 3,7%.

El Teléfono de Atención a las Personas Mayores es atendido durante las 24 horas del día durante todo el año, y todas las denuncias son comprobadas. Las medidas requeridas para atender cada caso se canalizan a través de las delegaciones provinciales, con la intervención de los servicios sociales comunitarios, la inspección de servicios sociales o la Fiscalía.

Extraído de http://www.elcorreodeandalucia.es/noticia.asp?idnoticia=4424170098092092099093424170

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lunes 10 de agosto de 2009

Las niñas que presencian maltratos tienen más posibilidades de ser víctimas en el futuro


Las niñas que presencian cómo su madre recibe malos tratos físicos o psicológicos por parte de un hombre tienen más probabilidades de acabar convirtiéndose en víctimas de violencia de género a futuro, porque pueden "normalizar" la relación que ven en casa de tal forma que no sepan reconocer a un agresor, según el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente.

En una entrevista concedida a Europa Press, Lorente explicó que si bien cada menor vive y asimila la violencia en el entorno familiar de una manera diferente, la niña, "que habitualmente se identifica con la madre, puede empezar a normalizar la violencia y a entender que los hombres se comportan de esa manera".

Lorente apuntó que en estas circunstancias, "cuando se tenga que enfrentar a un chaval de 14 o 15 años que empieza a limitar su vida, a decidir por ella e incluso a agredirla puntualmente, en lugar de verlo como algo absolutamente inaceptable, la joven lo verá como algo que puede suceder".

"No le parecerá bien, pero no lo rechazará del todo, empezará a darle cobertura y con ella se empezará a normalizar la violencia en su vida porque la propia violencia produce efectos psicológicos que tienden a integrarla como parte de la normalidad", explicó.

En el caso de los varones que de niños presencian malos tratos a la madre, el impacto también puede tener un efecto en su conducta a futuro. Aunque, según el experto, depende de diversos factores, "la reproducción desde el punto de vista cultural puede hacer que si el niño percibe que el padre sale victorioso con el uso de la violencia, crea que es un mecanismo útil y que funciona".

"Cuando hablamos de que la violencia de género afecta a los niños por exposición, no es sólo por lo brutal de que presencien el homicidio de la madre, sino que antes de llegar a este punto también viven las consecuencias directas de estar oyendo los gritos, viendo las agresiones, los insultos y los menosprecios", señaló.

Además, recordó que según las estadísticas, un 40 por ciento de los niños en hogares con violencia de género acaban siendo agredidos físicamente de forma directa, ya que "como el agresor ve la violencia como forma de solucionar los problemas, también la utiliza contra los hijos".

En este sentido, señaló que entre las últimas sentencias condenatorias por violencia de género "hay casos dramáticos" porque son muchos los asesinos machistas que matan a mujeres en presencia de los hijos menores de edad o que los sacrifican a ellos en su obstinación por castigar a la mujer.


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viernes 7 de agosto de 2009

Igualdad indica a las víctimas de violencia de género que "no minusvaloren el riesgo" antes de dar otra oportunidad

La directora general contra la Violencia de Género de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Soledad Ruiz, indicó hoy a las mujeres víctimas de violencia de género o que viven situaciones de peligro que "no minusvaloren el riesgo" que existe antes de volver a dar otra oportunidad a su pareja.

En este sentido, declaró a Europa Press que existe un número importante de mujeres víctimas que creen que "el agresor no va a llegar a un nivel alto de tensión y no va a sobrepasar el límite de la situación hasta llegar a los trágicos finales" y señaló que desde la Consejería se insiste en el "cuidado" que tienen que tener con las segundas oportunidades.

Tras las declaraciones realizadas ayer por el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, en las que afirmaba que "existían motivos para la esperanza" por el hecho de que por estas mismas fechas, el año pasado se registraban cinco fallecidas más. Ruiz señaló que "no se puede hacer un balance por el número de asesinatos, sino por el número de denuncias y por el número de mujeres que en estos momentos están saliendo de situaciones de violencia sin haber llegado al trágico final de la muerte, siendo ésta la valoración positiva más importante".

Pese a estos datos "esperanzadores", Andalucía registra hasta la fecha un total de diez casos, ocho confirmados y dos en investigación, frente a los nueves que se registraron en 2008, unos datos que reflejan una tendencia negativa. Al hilo de esto, la directora general contra la Violencia de Género de la Junta manifestó que, a pesar de las campañas y del número de denuncias, similar al del año pasado, aún existen un número importante de mujeres, como el último caso sucedido en Tolox (Málaga), que "se resisten a denunciar".

Este hecho, según explicó, viene causado por "la presión y vergüenza" que en poblaciones pequeñas se ejerce sobre la mujer que padece situaciones de violencia de género por parte de la familia, amistades y vecinos.

Respecto al número de casos con final trágico, el dato de víctimas que habían denunciado ha bajado, por lo que, según Ruiz, se cree que hay "una mayor protección con las mujeres que denuncian" y mantienen la esperanza con que las que no para que vayan "concienciándose". Asimismo, señaló que han existido casos de quebratamiento de las medidas de protección y algunas, incluso, "con consentimiento".

Además, otro dato "esperanzador" es el número de denuncias que se han producido este año, alcanzando cifras similares a las del anterior por las mismas fechas, lo que corrobora, según precisó, que todas las políticas desarrolladas desde la Junta han alcanzado la madurez y comienzan a dar sus resultados.

Soledad Ruiz reseñó que durante los meses de agosto y diciembre se incrementan los casos de violencia como consecuencia del "recrudecimiento de las situaciones que se viven en pareja", pues en los períodos vacacionales las personas conviven más tiempo juntos y la convivencia se hace "insostenible". Pese a esto, mostró su deseo que en lo que queda de año se contenga el número de casos en Andalucía.

Extraído de http://es.noticias.yahoo.com/5/20090805/tlc-igualdad-indica-a-las-vctimas-de-vio-d712def_1.html

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miércoles 5 de agosto de 2009

El 36% de los españoles piensa que las mujeres maltradadas son culpables por seguir viviendo con su agresor

El 36,1% de los españoles dice estar muy o bastante de acuerdo con la afirmación de que "si una mujer es maltratada frecuentemente, la culpa es suya por seguir conviviendo con el agresor" mientras que el 63,5% se declara poco o nada de acuerdo. Los datos forman parte de una encuesta sobre violencia de género realizada por el Ministerio de Igualdad entre 1.008 personas.

El Gobierno ha realizado el estudio para valorar la reacción de la sociedad ante la violencia machista, que se ha cobrado la vida de 33 mujeres en los seis primeros meses del 2009. El 93,4% de los españoles no cree que esté justificado que un hombre agreda a su mujer o novia cuando ella decide dejarle, pero un 3,8% de hombres y un 4% de mujeres sí creen que está "bastante o muy" justificado.

Para el 91,6% de los encuestados la violencia de género es "totalmente inaceptable"; para un 7% es "algo inevitable que ha existido siempre" y para un 1,3 es "aceptable en algunas circunstancias". Sobre las razones por las que cada vez hay más denuncias, el 69,6% cree que "no hay más casos, sino que se denuncia más" y un 15,5% piensa que "realmente hay más violencia de género".

Miedo de denunciar.

Preguntados por a quién recurrirían en primer lugar en caso de sufrir violencia de género, el 45,3% asegura que a algún familiar, seguido por el 33,3% que acudiría a la policía o a los juzgados. Si la víctima fuera una persona allegada, los entrevistados recurrirían en un 59% a la policía y los juzgados, y en segundo lugar a los familiares de la víctima (18,6%).

Ante un acto de violencia de género, el 74,5% de las mujeres y el 55,1% de los hombres llamaría a la policía, mientras que el 10,1% de las mujeres y el 33,6% de los hombres se enfrentarían al agresor. De las mujeres que no denuncian este tipo de violencia, el 60,8% cree que es por miedo y otros 20,3% por vergüenza; solo un 3,8% piensa que no denuncian porque "no ven la agresión como grave".

Sobre las razones que llevan a las mujeres maltratadas a perdonar a su agresor, el 35,1% de los encuestados cree que se debe a la "dependencia emocional" que les une; el 18% cree que por miedo, un porcentaje ligeramente superior al de quienes creen que se perdona por que "piensan que puede cambiar", que es de un 17,1%.

A favor de las pulseras.

En cuanto al mecanismo más eficaz para luchar contra este tipo de violencia, el 55,5% cree que es la educación, seguido por el endurecimiento de las penas a los agresores, apoyado por el 21,7% de los encuestados. Cabe destacar que el endurecimiento de las penas es apoyado por un 28,9% de las mujeres y el 14,5% de los hombres.

Por contra, la utilización de las pulseras electrónicas para controlar los movimientos del agresor cuenta con el apoyo del 90,8% de los encuestados, y el 67,4% considera que contribuyen a la disminución de las agresiones.

Disminuye el porcentaje de mujeres y ... @ Yahoo! Video


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martes 4 de agosto de 2009

La justicia empieza a dar también al padre la custodia de los hijos

Los jueces valoran cada vez más la implicación del progenitor en la crianza.

Algo está empezando a cambiar en España en las sentencias de separación y divorcio. Cada vez es menos excepcional que los jueces acuerden la custodia compartida de los hijos cuando los progenitores no se ponen de acuerdo en lugar de otorgársela casi siempre a las madres. Y son precisamente las juristas -juez, fiscal o abogada- las que están tras esas sentencias que reconocen la implicación previa del padre en la educación de los hijos mientras duró la pareja y la necesidad de que siga así tras la ruptura.

Los abogados de familia constatan que, desde hace poco más de un año, existe un goteo de sentencias en este sentido, aunque es imposible de cuantificar, pues el Consejo General del Poder Judicial no elabora una estadística de este fenómeno a diferencia de lo que ocurre con otras realidades sociales que afectan a la mujer. En los últimos días han trascendido dos resoluciones que avalan la tendencia. La primera, dictada por la Audiencia de Barcelona, respalda la custodia compartida que impuso la juez de familia, a propuesta de la fiscal, a la vista del desacuerdo de los padres: cada uno reclamaba para sí los niños, entonces muy pequeños.

"La novedad de la sentencia es que va más allá de la petición de las partes y que refleja la coparentalidad que había antes de la ruptura", apunta Elvira Rodríguez Sáenz, la abogada del padre, especializada en derecho de familia. "Los jueces tienen una potestad sobre los menores y deben ejercerla, han de salirse de la norma habitual si se dan determinados supuestos", añade. El texto judicial relata cómo ha ejercido la paternidad Manuel Guaita, de 47 años y agente de aduanas. Cuando estaba casado, solicitó la reducción de jornada hasta el máximo de cuatro horas que permite la ley. Fue él quien se ocupó por las noches de la lactancia artificial del pequeño de sus dos hijos, que nació prematuro. Y era quien los llevaba al médico y los recogía del colegio y las actividades extraescolares, pues la madre es una empresaria a la que su trabajo no se lo permite.

La resolución se produce en el marco de una ley del divorcio que dice que la custodia compartida se concederá "excepcionalmente" cuando los progenitores estén de acuerdo antes o durante el proceso judicial, o si el juez considera que así se protege mejor el interés de los menores. La excepcionalidad a la que alude se introdujo en una enmienda votada de madrugada en el Senado. Los representantes del PSOE dijeron en su día que votaron por error, pero lo cierto es que nunca se enmendó.

"En España existe un maltrato institucional hacia los hombres por su simple condición de serlo que es un cáncer social del que nadie se ocupa", afirma Cristina Tenas, portavoz de Asociación de Mujeres por la Igualdad y la Custodia Compartida. Y recuerda a los millares de personas que están sufriendo los efectos de la ley. "¿Quién les devolverá a esos niños la infancia robada? ¿Y esos padres que quisieron ocuparse de sus hijos y no les dejaron?".

La otra sentencia reciente la ha dictado una juez especializada en violencia de género, también con el beneplácito de la fiscal, y otorga la custodia compartida de dos niñas pese a que está pendiente de resolverse en ese juzgado la denuncia de la madre contra el padre por maltrato psicológico. Esta última sentencia resulta aún más significativa si se recuerda que el artículo 92.7 del Código Civil prevé que no procederá otorgar la custodia compartida cuando, entre otros motivos, "existan indicios fundados de violencia doméstica", lo que hace pensar que la juez pudo considerar que denuncia no tenía fundamento.

José Manuel, de 50 años y arquitecto de profesión, prefiere no identificarse porque la ex esposa no ha firmado aún el convenio regulador derivado de la sentencia. En su caso, las medidas provisiones le otorgaron a la madre la custodia de las dos hijas, que ahora tienen 10 y 12 años, pero ya le permitieron pasar dos días entre semana con ellas, al margen de los fines de semana alternos. En la práctica es una custodia compartida, pero entre algunos jueces existe cierto reparo a que la resolución lo recoja así de claro. No es sólo una cuestión semántica, porque ese reconocimiento implica también unas cargas económicas al fijar la pensión de alimentos y determina el uso de la que fue vivienda de la pareja. Pese a la ruptura, José Manuel siguió conviviendo en el mismo techo porque no se ponía de acuerdo con su ex para vender la vivienda y dos plazas de aparcamiento. Hasta que él se fue de vacaciones con las niñas y, cuando regresó, la madre le había cambiado la cerradura y le había denunciado por maltrato psicológico. La juez le dio 10 días para que abandonara el domicilio. Luego el caso estuvo paralizado unos meses, hasta que se celebró el juicio en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Rubí, especializado en violencia doméstica. Pese a haber una denuncia pendiente de resolución, la fiscal y los informes de los psicólogos informaron a favor de la custodia compartida.

"Me han salvado mis hijas porque siempre me he ocupado de ellas y nuestra relación es buenísima", explica. Fue él quien solicitó que juez y psicólogos entrevistaran a las niñas. "Sabía que dirían que querían seguir estando con su padre y su madre después".

Isidro Niñerola, presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia, explica que se empieza a notar el cambio de tendencia de los jueces, sobre todo, de los jóvenes. "Hace uno o dos años era impensable que se concedieran custodias compartidas en los divorcios contenciosos".

También los abogados empiezan a tener otra actitud con sus clientes y ya no les quitan de la cabeza que pidan la custodia compartida, reconoce Niñerola. "Lo fácil es decirle a un padre que no se la van a dar o coger sólo a mujeres como clientas. Depende de las ganas de trabajar que tenga cada cual", explica Elvira Rodríguez. "Cada vez hay más clientas que te dicen que, desde que se han separado, sus hijos han ganado un padre que antes no tenían", añade la letrada. Niñerola lo ratifica. "Hay una nueva generación de madres divorciadas que ya no piensan que los hijos son sólo de ellas y que son conscientes de que necesitan espacios propios".

Menos optimista es el abogado José Luis Sariego. "Puede que algo esté cambiando, pero los jueces siguen siendo muy restrictivos". Fernando Basanta, presidente de la Federación Andaluza para la Defensa de la Igualdad Efectiva, apunta que "lo que hace falta es otro marco legal que regule la custodia compartida de forma clara". Hay ya dos autonomías, Cataluña y Valencia, que proyectan establecer una coparentalidad.

Lo que dice la ley

Artículo 92.8 del Código Civil:

"Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco de este artículo [el acuerdo entre los padres logrado antes del proceso judicial o durante el mismo], el juez, a instancia de una de las partes, con informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor".


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lunes 3 de agosto de 2009

La última radiografía de la violencia de género en España


Ocho de cada diez mujeres no habían denunciado a su agresor. El perfil del maltratador es el de español entre los 31 y 45 años sin problemas mentales diagnosticados. Las víctimas, en la misma franja de edad y con la ruptura sentimental reciente. Son algunos de los datos del último informe sobre violencia de género. Las ONG añaden la información que olvidaron las instituciones: la soledad económica y social de las supervivientes.

Año tras año las malas noticias continúan. Las cifras bajan y aumentan sin conseguir un control más férreo que evite que centenares de mujeres sean asesinadas a manos de sus parejas. Algunas ya habían denunciado, otros no se atrevían por miedo o por desconfianza, y un tercer tipo debían de estar protegidas por las autoridades, pero finalmente murieron.

La violencia de género comienza a parecerse a un problema endémico contra el que las autoridades se encuentran sin suficientes recursos. Una víctima del año 2000 que finalmente consiguió sobrevivir a 14 puñaladas, le contaba a nuevatribuna.es cómo un policía le dijo que “no podían proteger a todas las víctimas porque había un agente cada 150 mujeres”.

La Ley Integral contra la Violencia de Género fue un paso decisivo en la lucha contra esta lacra, sin embargo las ONG’s denuncian algunas de sus debilidades: la reparación de las víctimas y las medidas de protección una vez hecha la denuncia.

En las dos últimas semanas cinco mujeres han sido asesinadas. El ministerio de Igualdad y el de Interior han publicado un informe con los últimos datos de la violencia de género española. El perfil de los asesinos y de las víctimas forma el cuadro de este problema. Pero las ONG añaden al informe lo que olvidaron las instituciones.

ESPAÑOLES ENTRE 31 Y 45 AÑOS

Varón, español, entre 31 y 45 años y sin ninguna alteración mental. Según un informe del grupo de expertos en violencia de género del CGPJ, este sería el perfil clásico del agresor.

Rompiendo los mitos del aumento de agresores inmigrantes, el informe desvela que el 66% de los asesinos son españoles y en la mayoría de los casos no actúan a consecuencia de una enfermedad o alteración mental o bajo los efectos del alcohol o las drogas.

En cuanto al lugar y al modus operandi las investigaciones concluyen que el 69% de los casos el escenario del crimen fue el domicilio común, el de la víctima o el del agresor. Asimismo, en 14 casos existía un vínculo matrimonial entre el agresor y la víctima y en el resto la relación afectiva era de convivencia de hecho o de noviazgo.

Pese a que de los resultados del estudio se desprende que el arma blanca sigue siendo el mecanismo más utilizado para matar, se observa un incremento de muerte por traumatismos, que pasa del 9,1% en 2006 a 18,5 en 2007.

En el 18,5% de los casos, el agresor estranguló con las manos a su víctima, y sólo en el 3,7 utilizó un arma de fuego para acabar con su vida. El estudio también concluye que existe mayor agresividad en los casos de violencia de género que en los de violencia doméstica, en los que las víctimas pueden ser hijos o padres del agresor.

LAS VÍCTIMAS

En lo que se refiere a las víctimas, según el estudio, el 65% son españolas entre los 30 y 45 años. En el último año han aumentado el número de asesinadas con edades comprendidas entre los 19 y 25 años.

Seis de cada diez víctimas mortales por violencia de género vivían con sus asesinos. Casi ocho de cada diez no habían denunciado previamente a sus maltratadores. Así se desprende de un estudio del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que se han estudiado todas las sentencias dictadas en 2007 por homicidios y asesinatos relacionados con la violencia machista y doméstica. En total, 35 fallos repartidos en los tribunales con jurado y en las audiencias provinciales sobre hechos cometidos hasta 2006.

Los casos en los que se mantenía la convivencia suponen un incremento del 18% con respecto al informe realizado el año anterior sobre las 33 sentencias dictadas en 2006. En 14 de los fallos emitidos en 2007 un 40% del total no existía convivencia de pareja o se había acabado. En el informe se subraya que "se mantiene un elevado porcentaje de supuestos en que los hechos criminales se producen una vez materializada la ruptura sentimental".

LAS QUE SOBREVIVEN SE ENCUENTRAN CON OTRO INFIERNO

Según algunos colectivos de mujeres que trabajan con este problema, muchas de las víctimas no denuncian al agresor porque “se sienten igual de desprotegidas por la policía”. Sin embargo la presidenta del Observatorio, Inmaculada Montalbán, opina que en la mayoría de los casos no existieran denuncias previas pone de manifiesto que las víctimas "siguen sin detectar la peligrosidad que implica los malos tratos". El debate está abierto y ninguna respuesta parece conseguir que las agresiones disminuyan.

Amnistía Internacional asegura que las víctimas con las que han tenido relación denuncian “la falta de ayuda de las autoridades” y como muchas de las que habían pedido protección hoy forman parte de las siniestras listas de fallecidas. Pero desde esta ONG y desde otros colectivos lo que solicitan es más ayuda para aquellas que han conseguido sobrevivir.

La Ley Integral de Violencia de Género no aborda expresamente el derecho a la reparación. Desde AI denuncian la “la falta de desarrollo normativo en cuanto a la indemnización proporcionada por el daño sufrido, así como las más completa rehabilitación y recuperación psicológica, económica y social”.

El abogado de una organización de apoyo a las víctimas afirma que el gran problema de todos los procedimientos judiciales es la ejecución: “Cuesta muchísimo conseguir la responsabilidad civil, cuando se consigue, la mayoría de las veces es imposible cobrarlo porque el agresor se declara insolvente y entonces no se puede hacer nada”. Otra abogada confirma que la Ley de Ayudas 35/1995 además no tiene el presupuesto necesario para cubrir la insolvencia, por lo que la mujer se queda con las manos vacías.

El problema se agrava cuando la víctima, además de luchas por salir adelante psicológicamente (su autoestima suele estar fuertemente dañada), se tienen que enfrentar a encontrar un trabajo que en ocasiones antes no tenía, y sacar adelante a una familia desde cero. Amnistía Internacional propone que el Estado garantice un sustento económico digno durante todo el proceso judicial que se puede llegar a alargar hasta cinco o seis años, pero hasta ahora no se ha llevado a cabo.

Esta ONG de Derechos Humanos, no sólo se limita a denunciar la soledad legal y económica de la maltratada, sino que solicita que el Gobierno equipare la ayuda a las víctimas de violencia de género con las de las víctimas del terrorismo, las cuales pueden compatibilizar ayudas del Estado con otro tipo de subvenciones, además de recibir prestaciones para apoyo psicológico de la víctima y de la familia, mientras que la Ley de Violencia de Género no contempla que la familia de la agredida también es una víctima brutalmente dañada.

Extraído de http://www.nuevatribuna.es/noticia/12834/SOCIEDAD/%C3%BAltima-radiograf%C3%ADa-violencia-g%C3%A9nero-espa%C3%B1a.html

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